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Un administrador de fincas se encarga de una amplia variedad de gestiones para asegurar el correcto funcionamiento de la comunidad. Esto incluye la administración económica, como la elaboración de presupuestos, control de gastos y cobro de cuotas; la gestión de incidencias y reparaciones; la supervisión del mantenimiento de instalaciones comunes; y la organización de juntas de propietarios. Además, se ocupa de cumplir con la normativa legal vigente y de representar a la comunidad en asuntos legales si es necesario. En resumen, el administrador facilita la vida en comunidad, cuidando cada aspecto de la propiedad.
El contrato de un administrador de fincas generalmente tiene una duración de un año, renovable de forma automática salvo que alguna de las partes decida cancelarlo con un aviso previo, que suele especificarse en el contrato. Esto permite a la comunidad evaluar anualmente el servicio y, si es necesario, realizar ajustes o cambios en la administración para asegurar que se cumplan sus expectativas y necesidades.
En general, todos los propietarios de una comunidad están obligados a asumir el cargo de presidente de la comunidad, de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal. Sin embargo, hay excepciones: aquellos propietarios que, por motivos personales o de salud, no puedan ejercer el cargo, pueden solicitar la exención, que deberá ser aprobada por la comunidad o, en algunos casos, por un juez. También se puede eximir a un propietario si existe un acuerdo previo en la junta de propietarios que lo justifique.